Tagoror Digital24.04.2016. La Guancha.
Con relación a las noticias aparecidas en la prensa estos días referentes a la moción aprobada por el Pleno del Cabildo de Tenerife de fecha 28-03-16 en la que se solicita: "Instar al ICCA Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias a cursar requerimiento al titular de la marca Canary Wines, Canary Wine y a los solicitantes de la marca colectiva Canary Wine, para que renuncien voluntariamente al nombre comercial y en caso contrario iniciar el procedimiento de nulidad ante los tribunales para que sean anulados, de manera que el nombre comercial Canary Wine/s sea patrimonio de todo el sector vitivinícola de Canarias",así como al uso y propiedad de dicha Marca, la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias quiere puntualizar los siguientes aspectos:
1) La DOP Islas Canarias ofreció al Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias liderar el proyecto de uso de la marca 'Canary Wine', para ser usada por todos los Consejos Reguladores, pero los propios
técnicos del ICCA y sus servicios jurídicos advirtieron de que no era posible, ya que estaba protegido por la DOP Islas Canarias como consecuencia de protección oficial como producto de calidad reconocido por
la Unión Europea. Esta marca, bajo la protección de la DOP, garantiza el uso correcto de la misma de todos los operadores que lo deseen, ya que cuenta con sus Reglamentos y normas claras de uso, de acuerdo con la normativa comunitaria en materia de vinos de calidad, garantizando la accesibilidad a su utilización a cualquier operador que así lo desee, dentro del marco legal establecido. Por ello el Cabildo de Tenerife, por su ámbito local, no está legitimado para tal solicitud de nivel regional, que trasvasa claramente sus competencias insulares y actos propios.
2) AVIBO y la DOP tienen un gran peso en el sector vitivinícola regional y ambas instituciones actúan de forma responsable y defiende un buen uso de la marca, todo ello tanto en beneficio de las bodegas, como en beneficio de los propios demandantes de productos respaldados por el sello de calidad “CANARY WINE”, con el beneficio que ello conlleva para la marca Canarias. Resulta incomprensible para los viticultores y bodegueros de la DOP Islas Canarias, que mayoritariamente son de Tenerife, esta actitud de nuestra institución insular. La DOP Islas Canarias es de adscripción voluntaria, cuenta con unos 520 viticultores asociados y es la DOP más activa de Canarias. No entendemos las críticas vacías de contenido en torno a un proyecto que se ha convertido en realidad gracias al esfuerzo de los verdaderos artífices del sector, como son los viticultores y bodegueros adscritos.
3) AVIBO, órgano de gestión de la DOP Islas Canarias, incide en la idea de que el Sector se estabilizará en su conjunto cuando al menos el 50%, del vino DOP, lo vendamos al exterior de Canarias. A la fecha ya hemos superado el 12%. Consolidar el comercio es la clave del futuro próximo, comercio Insular, Regional y Exterior. Defendemos para el sector del vino una estructura basada en la libre empresa y la seguridad comercial, ello conlleva que el sector asuma participar y comprometerse en conjunto. Apostamos con claridad por la marca paraguas “Canary Wine”, de la cual hemos recibido una excelente respuesta sobre todo desde el marco del consumidor, la restauración y la hostelería, verdaderos protagonistas del futuro de nuestro vino. Cualquier promoción es siempre mejor con una marca única. El modelo que defendemos de libertad de empresa y seguridad de mercad, es consecuente con el proceso de liberalización de servicios, proceso que viene lastrado por una administración (Cabildo de Tenerife) y una parte del sector, temerosa de los retos de futuro.
4) Desde hace más de cuatro años, AVIBO (Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias), que representa en todas las islas en torno al 85% del sector, viene demandando la salida ordenada del Cabildo de Tenerife del Sector del Vino, donde ocupa, a través del control de BITSA (Bodegas Insulares de Tenerife SA), un puesto dominante en la Vitivinicultura de la Isla y por extensión en Canarias. Se da la curiosa situación única en el panorama español, donde una Administración Pública es dueña y gestiona una bodega. Sin entrar en consideraciones jurídicas de otro ámbito y marco, legalmente la posición del Cabildo no solo es inmantenible, sino que genera en el mercado del vino un desajuste de arrastre regional. Por lo que el Cabildo debería apoyar al Sector, reduciendo su intervencionismo en actuaciones impropias.
