20.04.2020 | Las Palmas de Gran Canaria
La portavoz en materia social de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Carmen Hernández, destacó hoy las medidas sociales y ayudas valoradas en 62,2 millones euros aprobadas por el Gobierno canario para hacer frente a la pandemia del coronavirus con el objetivo de responder a todas las personas afectadas por esta crisis sanitaria. La diputada del grupo nacionalista hizo hincapié en los 44 millones de euros dirigidos a la flexibilización y tramitación urgente de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), destinada a las personas y familias en riesgo o en situación de pobreza. Hernández afirmó que, a través de la revisión de oficio, se resolverán con agilidad miles de expedientes en curso y las nuevas solicitudes que se puedan presentar durante el estado de alarma.
En la comparecencia mañana martes de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en la Diputación Permanente, la portavoz de NC destacará el “importante esfuerzo” realizado por el Ejecutivo para aprobar un paquete de medidas sociales con el que se pretende “dar una respuesta urgente y rápida” a las familias que ya estaban en situación de pobreza (PCI), a las situaciones sobrevenidas que han dejado a otras familias y personas sin retribuciones (el ingreso de emergencia), a los hogares residentes en viviendas sociales que quedarán exonerados de pagar el alquiler los meses de abril y mayo y los habitantes en inmuebles del mercado privado con ingresos mensuales inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Carmen Hernández manifestó que la gravedad de la situación ha obligado al cuatripartito, como al resto de las administraciones públicas, a adoptar iniciativas “extraordinarias para atender situaciones de extrema vulnerabilidad, ya existentes y otras nuevas a las que también debemos dar una respuesta”.
Sobre el decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, la parlamentaria nacionalista se detuvo en la medida con la que se flexibiliza y agiliza, durante el estado de alarma, toda la tramitación de la PCI. Un procedimiento urgente con el que “se resolverá y se llegará de manera rápida”, a miles de familias, que dispondrán de la cuantía mensual actualizada al IPC y con carácter retroactivo al 1 de enero de este año, según las estimaciones gubernamentales referidas por Hernández. Para ello se destinarán 44 millones de euros.
La vertiente social de la pandemia, agregó, ha impactado también en aquellos trabajadores, como los autónomos en precario, entre otros; que se han visto obligados a suspender su actividad económica y, en consecuencia, se han quedado sin retribuciones. Para afrontar esta realidad, Carmen Hernández valoró los 16 millones de euros destinados al ingreso de emergencia. Una medida valiente por pionera en el Estado, recalcó.
En este sentido, la portavoz de NC solicitó al Gobierno estatal que acelere la renta mínima y que cuente con la experiencia de las comunidades autónomas para disponer de una herramienta de futuro que permita cubrir las necesidades básicas de las familias (vivienda, alimentación, agua y luz).
Para los nacionalistas progresistas, también es destacable la ayuda que llegará a los más de 17.000 hogares en viviendas sociales que, en principio, no tendrán que pagar el alquiler de los meses de abril y de mayo así como las ayudas para pagar el arrendamiento de los pisos del mercado privado para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.